CARACAS/WASHINGTON/BUENOS AIRES.- La grave crisis político-institucional que existe en Venezuela, a partir de la anulación de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) por el Tribunal Superior de Justicia (Corte Suprema) -aliado del presidente, Nicolás Maduro- podría transformarse en las próximas horas en una crisis regional, ya que los cancilleres de los cuatro países fundadores del Mercosur evaluarán hoy, en Buenos Aires, qué hacer con el país centroamericano.

La suspensión como miembro del bloque, y hasta la posibilidad de que el estado venezolano también sea suspendido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y se aplique la Carta Democrática, son alternativas que tensan la situación.

El Tribunal Supremo despojó a los diputados de sus facultades legislativas y declaró legal que los magistrados del Supremo asumiesen sus funciones.

Maduro informó que, a partir de las discrepancias ocurridas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, activó el artículo 323 de la Constitución y convocó al Consejo de Seguridad de la Nación, órgano constitucional que reúne a las autoridades de todos los poderes. “Convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo (por anoche), para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela”, dijo el mandatario.

Voces críticas

El líder opositor venezolano Henrique Capriles aseguró en Washington que la semana que viene se convocará una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hablar de Venezuela, tal y como ha solicitado el secretario general, Luis Almagro.

Almagro pidió a la Presidencia del Consejo Permanente que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El secretario general pide que se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), “así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia”.

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se despegó del oficialismo gobernante en su país y afirmó que la sentencia emitida el miércoles por el TSJ, “viola el orden constitucional”. “En dicha sentencia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del Estado consagrado en nuestra Constitución”, expresó Ortega Díaz, citada por el diario local El Nacional.

En tanto, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a los venezolanos a “planificar y ejecutar acciones de protesta” y convocó a una “sesión especial de calle” del Parlamento para hoy, en rechazo a la decisión del TSJ.

“La sesión del Consejo Permanente va a ser la próxima semana”, anunció Capriles tras reunirse con Almagro en la OEA. La reunión todavía no fue convocada oficialmente, pero fuentes diplomáticas aseguraron que lo más posible es que tenga lugar este lunes. Capriles confía en que en esa reunión del Consejo Permanente se apruebe una resolución en la que este órgano de la OEA diga que “hubo una ruptura del orden institucional en Venezuela y sobre esa base seguir al siguiente paso”.

El gobernador calificó de “golpe de Estado” las sentencias emitidas esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia. El opositor consideró que con esta sentencia se ha pasado “la última raya roja”.

Los derechos humanos

El Vaticano, en tanto, que a través de sus enviados en Venezuela intentó mediar en un diálogo que resultó infructuoso, calificó la situación como un “caos” y rescató la condena internacional, a través del diario L’Osservatore Romano, que se imprime en la Santa Sede.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, por su parte, la “grave injerencia” del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en la Asamblea Nacional (AN). “Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH.

Por los Estados

El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, pedirá hoy, en Buenos Aires, la expulsión de Venezuela del Mercosur, mientras que 20 países de la OEA solicitarán una sesión extraordinaria para declarar que en el país caribeño hay “una alteración del orden constitucional”.

El encuentro fue convocado por la canciller Susana Malcorra, ya que Argentina preside el bloque. Vendrán Eladio Loizaga (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay). Los fundadores suspendieron a Caracas de sus derechos en 2016.

El comunicado señala que “ante la grave situación institucional en Venezuela, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción han resuelto convocar una reunión urgente de Cancilleres para analizar posibles vías de solución”.

En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y naciones caribeñas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Brasil afirmó -según el diario Folha de Sao Paulo-, que “mantener a Venezuela en el bloque sería una ficción que desmoralizaría” a sus integrantes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al gobierno de Venezuela y a la oposición a reactivar el diálogo que procuró facilitar el Vaticano, subrayó la importancia de la separación de poderes y el respeto del Estado de Derecho y pidió “evitar confrontaciones”. En dicho diálogo, Guterres involucra a los ex presidentes Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).

En igual sentido se expidió Ecuador, que instó a dialogar al gobierno venezolano y a la oposición. (universal.com/el-nacional.com/diariolasamericascom/Télam)